La institución del Estado con mayor presencia nacional es, sin lugar a dudas, la institución educativa pública. Existen más de 69,000 Instituciones y Programas Educativos Públicos a nivel nacional. La sola existencia de una escuela implica la existencia de un local escolar así como la existencia de un cierto nivel de organización comunal. Ello constituye un importante recurso estratégico que se puede aprovechar para potenciar la acción de los programas sociales. Todos reconocen la necesidad de articular la acción de los diferentes programas sociales existentes. Hoy en día, cada uno de ellos está a cargo de entidades diferentes, con sus propias estrategias de intervención, sus propios aparatos logísticos y administrativos, y sus propios gestores en el campo. Ello da lugar a problemas de filtraciones (atención a usuarios no calificados), duplicidad de coberturas, además que no se aprovechan las sinergias que se producirían si su accionar fuera articulado. Como alternativa para abordar este problema, el actual Gobierno ha implementado el programa CRECER, como un medio para articular la acción de los programas sociales en las zonas de mayor pobreza en el país. Sin embargo, en la práctica, la implementación de esta estrategia solo implica un cierto nivel de coordinación en la formulación de los planes operativos de cada programa de manera que su intervención en el campo pueda coincidir –en la medida de lo posible- en el espacio y en el tiempo. Para ello se plantea que las instituciones educativas públicas sirvan de base desde el cual se articule el accionar de estos programas, mediante la conformación de núcleos ejecutores polivalentes que operarían desde estos centros educativos, y la transferencia de recursos de los diferentes programas a estos núcleos ejecutores. De esta manera, no solo se generarían importantes ahorros en gastos logísticos y administrativos, sino mas importante aun, al estar la gestión a cargo de un solo núcleo ejecutor las acciones estarían totalmente integradas. Evidentemente ello requiere diseñar e implementar el nuevo modelo de intervención. Para ello inicialmente se implementaría un Piloto para validar el nuevo diseño para luego efectuar las adecuaciones necesarias al marco normativo. El nuevo modelo tendría como base los recursos humanos existentes en cada localidad, los cuales deberán ser capacitados previamente. La implementación de esta iniciativa requerirá de un acuerdo, en primer lugar, en el propio sector Educación así como de un consenso con la Comunidad Educativa.
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